El anuncio de la Fuerza Élite merece una lectura que va más allá del titular. No para cuestionarla por cuestionarla, sino para entender qué resuelve, qué no resuelve, y qué dice sobre el estado real del sistema. Lo que revela es, quizás, lo más importante.
Lo que el mecanismo dice sobre el sistema
La Fuerza Élite es un espacio de coordinación semanal entre todos los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, presidido por la mandataria. El objetivo declarado es articular acciones, revisar resultados y definir estrategias conjuntas entre instituciones que, en teoría, ya forman parte de la misma estructura de gobierno.
Que ese mecanismo sea necesario es, en sí mismo, un diagnóstico.
En un artículo anterior analicé la fragmentación estructural del sistema policial costarricense: más de diez cuerpos formales distribuidos entre siete instituciones, sin doctrina común, sin integración real, con cadenas de mando que no se hablan entre sí. Ese análisis se refería al sistema en su conjunto.
Pero la Fuerza Élite no intenta coordinar todo ese sistema. Intenta coordinar únicamente los cuerpos bajo el paraguas del Poder Ejecutivo: Fuerza Pública, Guardacostas, Vigilancia Aérea, Policía Fiscal, Policia de Fronteras, el sistema penitenciario. Cuerpos que, formalmente, ya comparten un mismo nivel de autoridad política.
Si incluso dentro de ese espacio se requiere un mecanismo semanal con presencia presidencial para generar articulación, la fragmentación no es solo un problema de coordinación entre instituciones distintas. Es un problema de diseño dentro del propio Ejecutivo.
Eso no invalida la medida. La hace necesaria, sí, pero insuficiente si se queda ahí.
El límite de coordinar sin investigar
Hay algo que este tipo de mecanismos casi siempre deja de lado: la investigación.
La coordinación operativa al nivel del mando político es necesaria. Permite alinear despliegues, evitar duplicidades, concentrar recursos en focos de alta prioridad. Todo eso tiene valor. Pero el crimen organizado no se desactiva con operativos de control — se desarticulan sus estructuras investigando, acumulando inteligencia, anticipando movimientos.
En ese mismo artículo sobre la reforma policial señalé que uno de los costos más críticos de la fragmentación es la desconexión entre prevención del delito e investigación criminal. En Costa Rica, esas funciones no están integradas. La capacidad investigativa del Ejecutivo está dispersa entre varios cuerpos, sin nada que la una.
Si la Fuerza Élite coordina la acción operativa pero no incorpora un componente explícito de articulación investigativa entre esas mismas fuerzas, estará resolviendo la parte visible, no el fondo.
Los operativos generan resultados visibles a corto plazo. La desarticulación de estructuras criminales requiere algo distinto: inteligencia compartida, investigación coordinada, y capacidad de sostener esa coordinación más allá de las reuniones de alto nivel.
Un mecanismo como la Fuerza Élite tiene la autoridad política para impulsar ese componente. La pregunta es si está diseñado para hacerlo.
El polígrafo: herramienta válida, estrategia pendiente
La decisión de someter a los primeros ministros y jefes de cuerpos policiales a pruebas de polígrafo merece el mismo tipo de lectura: reconocer lo que aporta y preguntarse qué necesita para ser efectiva.
El polígrafo no es un instrumento desconocido para el sistema policial costarricense. Es un requisito formal para participar en varios esquemas de cooperación internacional, particularmente en los marcos de colaboración antinarcóticos en los que las unidades élite del país se han incorporado desde hace años. Para quienes trabajan en esos esquemas, el polígrafo es un requisito más, no una novedad.
Lo que cambia ahora es el alcance: se extiende a los primeros ministros y jefes de cuerpos. Tiene sentido. Aplicarlo a quienes mandan dice algo sobre las prioridades. Pero precisamente porque el instrumento ya existe y ya se usa, la pregunta relevante no es si el polígrafo es válido — lo es — sino si esta aplicación forma parte de una estrategia o es una medida que se anuncia de forma aislada.
Una primera pregunta es operativa: ¿Costa Rica tiene hoy la capacidad propia para realizar estas pruebas? Las reformas legales aprobadas en años recientes contemplaban que el país desarrollara poligrafistas certificados y equipos propios. Si esa capacidad existe, la medida puede ejecutarse con autonomía institucional. Si no, se deberá recurrir nuevamente a poligrafistas de otras fuerzas o a marcos de cooperación internacional — lo cual no invalida el resultado, pero sí plantea preguntas sobre la sostenibilidad del mecanismo.
Vale la pena preguntarse si tuvo continuidad una iniciativa que impulsamos durante mi gestión como Director General de la Fuerza Pública: junto a la creación de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, conformamos una unidad especializada de asuntos internos y contrainteligencia, diseñada específicamente para atender la infiltración criminal desde adentro de los cuerpos de seguridad. Esa unidad contó con cooperación técnica de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de los Estados Unidos y de la Policía Nacional de Colombia. En ese marco, el polígrafo adquiere su verdadera dimensión: no como medida aislada, sino como herramienta dentro de un sistema de integridad con continuidad institucional.
La segunda pregunta es estratégica y es la más importante. El combate a la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad requiere tres cosas operando al mismo tiempo: prevención, control y sanción efectiva. El polígrafo es una herramienta de detección. Eso es el control. Pero el control solo no alcanza.
Sin esa estrategia detrás, la prueba de polígrafo es una buena intención, con ella, se convierte en un recurso poderoso.
El momento de construir sobre lo anunciado
Costa Rica tiene hoy una oportunidad concreta: convertir medidas de coyuntura en el punto de partida de reformas con continuidad. La Fuerza Élite y la aplicación del polígrafo a las jefaturas son señales de que el diagnóstico sobre la fragmentación y la integridad institucional está siendo leído. Lo que importa no es lo que se anunció esta semana. Es lo que se construya después.