Por Daniel Calderón — danielcalderon.cr
El miércoles 14 de mayo, cuatro sicarios en dos motocicletas interceptaron a dos oficiales de la Fuerza Pública en Batán de Limón. El ataque fue deliberado, coordinado y letal. El oficial Gerson Rosales Cascante recibió un disparo en la cabeza y murió esa misma noche.
Escribir sobre esto a pocas horas de su fallecimiento exige, primero, reconocer lo que representa: un oficial que cumplía su deber, una familia que lo pierde, una institución y un país de luto.
Lo que le ocurrió al oficial Rosales Cascante no es un hecho aislado. Es la expresión más concreta y dolorosa de un problema estructural que he venido documentando en este blog.
Un entorno que cambió y un sistema que no evolucionó al mismo ritmo
En artículos anteriores documenté el quiebre estructural que ha experimentado el entorno de riesgo en Costa Rica. En 2023, el país registró 905 homicidios dolosos — el dato más alto de su historia, un incremento del 38% respecto al año anterior. El 71% de esos homicidios respondió a ajustes de cuentas entre estructuras criminales con presencia territorial consolidada.
También señalé que Costa Rica atraviesa una transición compleja sobre un sistema policial con déficits acumulados: fragmentado, sin doctrina común y con brechas en la integración entre prevención e investigación criminal. Un sistema que el crimen organizado no necesitó derrotar; aprendió a explotar sus vacíos.
Lo ocurrido en Batán es la intersección de esos dos diagnósticos.
Las estructuras criminales que operan hoy en Costa Rica han desarrollado una capacidad táctica real, potenciada por el acceso a armamento y munición de alto calibre. El policía que patrulla en zonas de alta exposición ya no enfrenta únicamente delincuencia de oportunidad. Enfrenta organizaciones que planifican, coordinan, identifican objetivos y actúan con una lógica operativa que el crimen común no posee.
Ese perfil de amenaza ya no es el mismo que enfrentaba un oficial costarricense hace diez años. Y la distancia entre esa amenaza y la preparación con que se le hace frente es el problema que este país necesita resolver con urgencia.
La primera línea es donde el Estado define su credibilidad
Nuestra Fuerza Pública — primera línea de defensa del Estado frente al crimen organizado en el día a día — ha avanzado en la dirección correcta: planificación operativa, inteligencia y análisis criminal, fortalecimiento de unidades especiales e inversión en equipamiento de protección balística. Son pasos reales que merecen reconocimiento.
Pero la magnitud del desafío exige ser honestos: los avances todavía no han sido suficientes para cerrar la brecha entre la capacidad táctica de las estructuras criminales y los medios con que el oficial de calle las enfrenta cada día. Abordar ese desafío requiere una respuesta en dos dimensiones que no son excluyentes; son complementarias.
Por un lado, es indispensable sostener y profundizar el trabajo en prevención y en los factores estructurales vinculados a la criminalidad: educación, empleo, cohesión social y reducción de las condiciones que alimentan el reclutamiento criminal. Esa es la apuesta de largo plazo y no puede abandonarse. Pero mientras esa apuesta madura, el policía que patrulla hoy una zona de alta exposición necesita las herramientas que la situación demanda ahora.
El crimen organizado no avisa cuándo actúa ni espera a que llegue la unidad especializada. El primer respondedor siempre es el oficial regular: en su turno, en su zona y con los medios que el Estado decidió darle. Que esos medios sean proporcionales a la amenaza real no es solo una decisión operativa; es una decisión estratégica y una obligación institucional.
Lo que este momento exige
La muerte del oficial Rosales Cascante no puede quedar reducida a un momento de duelo institucional — por legítimo y necesario que ese duelo sea. Debe convertirse en una razón concreta para reafirmar prioridades y sostener la dirección correcta.
Fortalecer las capacidades de la primera línea es la forma más honesta de honrar el sacrificio de los oficiales que, como Gerson Rosales Cascante, entregan su vida cumpliendo su deber.
Las nuevas autoridades de seguridad pública asumen en un momento de alta exigencia. El contexto es complejo, la herencia es difícil y los recursos nunca son ilimitados. Pero la dirección no puede estar en duda.
Invertir en la primera línea no es un gasto operativo. Es la decisión estratégica más importante que puede tomar el Estado en materia de seguridad. Y es también el mensaje más poderoso que puede enviar a quienes visten el uniforme: que su vida, su preparación y su seguridad importan.
El entorno de riesgo en Costa Rica no mejora con declaraciones. Mejora cuando la primera línea tiene lo que necesita para enfrentar la amenaza real.
Que el oficial Gerson Rosales Cascante descanse en paz. Y que su memoria sea razón suficiente para actuar.
Muy acertado su comentario sr.