Durante décadas, el debate sobre seguridad en América Latina ha girado en torno a la misma pregunta: ¿por qué los esfuerzos no alcanzan? Se han invertido recursos, se han firmado acuerdos, se han lanzado operativos conjuntos y se han creado mecanismos de cooperación. Y, sin embargo, el crimen organizado transnacional ha seguido expandiéndose, consolidando presencia territorial, penetrando instituciones y adaptándose con una velocidad que las respuestas estatales rara vez han logrado igualar.
La respuesta más frecuente a esa pregunta apunta a la falta de voluntad política. Es una explicación conveniente. También es insuficiente.
El problema de fondo, más que de voluntad, es de diseño institucional.
El diagnóstico que la región evita hacer
En un artículo anterior analicé la fragmentación del sistema policial costarricense: más de diez cuerpos formales sin doctrina común, sin integración real entre prevención e investigación y con un régimen disciplinario marcado por debilidades estructurales. Concluí que el crimen organizado no necesitó derrotar a ese sistema; simplemente aprovechó sus vacíos.
Ese diagnóstico no describe una anomalía costarricense. Describe un patrón regional.
A escala latinoamericana, el problema se replica con mayor complejidad. Los sistemas de inteligencia operan bajo lógicas de confidencialidad que dificultan el intercambio entre agencias del mismo país. Las policías trabajan con marcos operativos que rara vez cruzan fronteras de forma ágil. Las fiscalías requieren procedimientos formales que ralentizan la transferencia de evidencia entre jurisdicciones. Las fuerzas armadas responden a doctrinas institucionales propias que no siempre son compatibles con las de sus pares regionales.
Como documenté en mi análisis sobre cooperación internacional, el desafío principal no es la ausencia de mecanismos. INTERPOL, AMERIPOL y la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia llevan décadas operando. El desafío es la incapacidad estructural de articular todos esos niveles de manera efectiva y sostenida.
Las organizaciones criminales transnacionales, en cambio, no tienen ese problema. Operan con una arquitectura propia que no reconoce fronteras, integra funciones y se adapta con rapidez a las presiones del entorno. Existe una asimetría, pero no es de recursos: es de diseño institucional.
Lo que Europa construyó — y lo que América Latina no ha construido
Para entender qué significa resolver ese problema de diseño, vale la pena mirar a Europa.
A finales del siglo XX, la Unión Europea enfrentó un desafío análogo: la libre circulación de personas y bienes que trajo consigo el mercado único también facilitó la expansión del crimen organizado transnacional a través de fronteras que habían dejado de ser barreras. La respuesta no fueron más operativos nacionales coordinados de forma ad hoc. Fue la construcción deliberada de una arquitectura institucional supranacional.
Europol, creada en 1998, no es simplemente un canal de intercambio de información policial. Es una agencia con capacidad de análisis estratégico, apoyo operativo a investigaciones conjuntas y una plataforma de inteligencia criminal que permite a los Estados miembros trabajar sobre una base de conocimiento compartida y actualizada en tiempo real. No reemplaza a las policías nacionales; es un mecanismo que las potencia.
Eurojust, establecida en 2002, resolvió el otro nudo del problema: la cooperación judicial. Antes de su creación, coordinar una investigación penal que cruzara múltiples jurisdicciones europeas era un proceso lento, burocrático y frecuentemente ineficaz. Eurojust creó el espacio institucional para que fiscales y autoridades judiciales de distintos países coordinaran en tiempo útil, garantizando que la evidencia recabada en un país fuera procesable en otro.
El resultado de esa arquitectura no ha sido la eliminación del crimen organizado en Europa —ningún sistema puede garantizar eso—. Ha sido una capacidad de respuesta regional cualitativamente distinta: más rápida, más integrada y con mayor capacidad de seguir a las organizaciones criminales a través de fronteras y jurisdicciones.
América Latina no tiene nada equivalente.
La brecha que el crimen organizado habita
Lo que existe en la región son mecanismos de coordinación que dependen en exceso de la voluntad política de turno, de relaciones bilaterales entre instituciones específicas y de acuerdos que se activan para operaciones puntuales, pero que no generan capacidad institucional sostenida.
Cuando esos mecanismos funcionan —y en ocasiones funcionan— producen resultados concretos. Sin embargo, el crimen organizado transnacional que opera hoy en América Latina no es episódico. Es estructural. Tiene rutas consolidadas, redes financieras integradas, capacidad de adaptación y presencia en múltiples países de forma simultánea.
Una respuesta que dependa de la voluntad política de cada administración, de la calidad de las relaciones bilaterales entre jefes de policía o de acuerdos que se renegocian cada cuatro años no está diseñada para enfrentar ese tipo de amenaza.
Lo que la región necesita
La región no necesita más mecanismos de cooperación. Necesita repensar la arquitectura con la que articula los que ya tiene.
Eso implica avanzar hacia plataformas regionales de inteligencia criminal con capacidad de análisis estratégico permanente, no grupos de trabajo que se reúnen periódicamente. Implica crear espacios de coordinación judicial que permitan a fiscalías de distintos países trabajar en tiempo útil sobre investigaciones conjuntas, sin que cada transferencia de evidencia requiera un proceso diplomático de meses. Implica construir estándares comunes de formación, doctrina y protocolos operativos que permitan a las instituciones de distintos países trabajar juntas sin necesidad de empezar desde cero en cada operación.
Ninguna de esas transformaciones ocurre sin decisión política. Pero la decisión política que se necesita no es la de lanzar una nueva iniciativa; es la de comprometerse con la construcción paciente de institucionalidad regional que sobreviva a los cambios de gobierno y que opere con la misma lógica transnacional que el problema que enfrenta.
Europa tardó décadas en construir esa arquitectura. América Latina lleva décadas postergando la conversación sobre si necesita construir la suya.
El crimen organizado no ha esperado esa conversación. Ha operado, se ha expandido y ha consolidado posiciones en el tiempo que la región ha dedicado a coordinar sin diseñar.
Para consultoría estratégica, análisis institucional o conferencias, visite danielcalderon.cr