Cada cierto tiempo, el debate público sobre la inteligencia en Costa Rica se activa por un nombramiento, una filtración o un escándalo. Se discute quién ocupa el cargo, si tiene el perfil profesional adecuado, qué señal política envía la decisión. Y luego el debate se apaga sin que nadie haya respondido la pregunta que importa: ¿qué sistema de inteligencia tiene Costa Rica y qué sistema debería tener?
Esa pregunta tiene implicaciones estratégicas que cada ciclo sin respuesta vuelve más costosas. El problema no es la institución; el problema es un enfoque reactivo, fragmentado y con inteligencia insuficiente.
La Dirección de Inteligencia y Seguridad existe. Tiene presupuesto, personal y base legal. Lo que no tiene, y no puede sustituir ningún nombramiento, es un marco que defina con precisión su lugar dentro de una arquitectura de inteligencia del Estado costarricense.
He analizado en artículos anteriores cómo la fragmentación estructural del sistema policial le ha dado ventaja al crimen organizado. La inteligencia no escapa a ese diagnóstico y es quizás su expresión más crítica. La capacidad de inteligencia estratégica, criminal y financiera está dispersa entre la DIS, el OIJ, la Policía de Control de Drogas, el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Fuerza Pública y, por qué no mencionarla, la Policía de Control Fiscal. Cada institución opera con su propia lógica, sus propios criterios y sus propias líneas de reporte. La inteligencia que no se integra pierde valor precisamente cuando más se necesita y, en el contexto actual, el país no puede darse ese lujo.
Qué define un Sistema Nacional de Inteligencia
Un Sistema Nacional de Inteligencia no es una fusión de instituciones ni una concentración de poder en una sola agencia. Es una arquitectura que responde tres preguntas que hoy no tienen respuesta clara en Costa Rica: qué hace cada institución, cómo se coordinan entre sí y bajo qué controles operan.
La primera tiene que ver con los mandatos. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo documentó hace más de una década que la delimitación precisa de competencias no es una formalidad burocrática, sino la condición que impide que los servicios de inteligencia deriven hacia funciones que no les corresponden y que pueden vulnerar derechos fundamentales. Qué puede hacer la DIS y qué no. Dónde termina su función y dónde empieza la del OIJ. Qué información puede recopilar, sobre quién y con qué autorización. Sin esa precisión en la legislación nacional, la inteligencia opera en un vacío que genera problemas difíciles de manejar discretamente.
La segunda tiene que ver con la integración. La inteligencia estratégica, criminal y financiera necesita canales formales de intercambio, más allá de reuniones ocasionales o de acuerdos entre funcionarios que se conocen. Lo que existe hoy en Costa Rica depende en buena medida de relaciones personales que se construyen dentro de las instituciones y se deshacen con los cambios de gobierno. Los protocolos, las responsabilidades y los mecanismos de coordinación tienen que estar definidos con independencia de quién ocupe cada cargo.
La tercera, la de los controles, es la que más resistencia genera, generalmente bajo el argumento de que la supervisión debilita la capacidad operativa. La evidencia internacional apunta en otra dirección.
Lo que Europa aprendió después de Snowden
En junio de 2013, las revelaciones de Edward Snowden expusieron programas de vigilancia masiva operados por servicios de inteligencia con décadas de institucionalidad, marcos legales desarrollados y recursos que ningún país centroamericano podría equiparar. La reacción europea fue inmediata y sistemática. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea analizó los marcos legales de los veintiocho Estados miembros y encontró algo relevante: incluso en los países con sistemas de supervisión más maduros, existían vacíos significativos. Donde los controles eran débiles o estaban fragmentados, los problemas no tardaban en aparecer.
La escala no es comparable con la realidad costarricense. Pero la lógica institucional funciona igual en cualquier contexto: un servicio de inteligencia sin supervisión independiente, sin rendición de cuentas parlamentaria y sin control judicial acumula vulnerabilidades. Es más susceptible a la infiltración, al uso político y a la erosión de legitimidad. Recuperar esa legitimidad una vez perdida es un proceso largo que ninguna institución debería tener que atravesar.
La experiencia europea consolidó un criterio que hoy es estándar en los sistemas de inteligencia democráticos: la supervisión efectiva requiere al menos cuatro componentes que se complementen: control ejecutivo, supervisión parlamentaria, órganos expertos independientes y revisión judicial. No como capas decorativas, sino como un sistema real con facultades, recursos y acceso a información. Costa Rica tiene algunos de esos componentes de forma parcial. No los tiene integrados como arquitectura.
Construir desde el diseño, no desde la crisis
Varios países construyeron sus sistemas de inteligencia durante décadas sin controles adecuados y tuvieron que reformarlos bajo presión, con escándalos de por medio y costos institucionales que tardaron años en absorberse.
Costa Rica tiene todavía la posibilidad de tomar un camino distinto. Definir, a través de un proceso legislativo serio, qué sistema de inteligencia quiere tener. Con mandatos claros, mecanismos de coordinación formales y controles democráticos reales. Esa decisión requiere voluntad política sostenida y una discusión técnica que el país no ha tenido con la profundidad que el tema merece.
Mientras esa discusión no ocurra, los nombramientos seguirán siendo respuestas a una pregunta que nadie ha terminado de formular.