Semanas después de que el polígrafo se anunciara como medida de integridad para los mandos de la Fuerza Élite, la aplicación de esas pruebas generó más preguntas que respuestas. No sobre el instrumento en sí, sino sobre cómo se aplicó, quién lo hizo y bajo qué condiciones. A eso se sumó la controversia pública cuando algunos altos mandos supuestamente no superaron las pruebas, y las dudas sobre la transparencia del proceso se instalaron antes de que alguien pudiera responderlas.
En un artículo anterior señalé que el polígrafo es una herramienta válida dentro del sistema policial costarricense, conocida y utilizada en marcos de cooperación internacional, y que su valor real depende de la estrategia que lo respalda. Lo que la coyuntura reciente puso sobre la mesa es algo más específico, la estrategia importa, pero el procedimiento también, porque cuando el procedimiento falla, el instrumento pierde credibilidad independientemente de sus resultados.
Qué establecen los estándares internacionales
Las dos organizaciones que rigen la práctica poligráfica a nivel internacional, la American Polygraph Association y la International Society of Polygraph Examiners, no se pronuncian sobre si el examinador debe ser funcionario público o contratista privado. Lo que sí establecen con precisión son los criterios de certificación, el nivel de entrenamiento requerido, los protocolos válidos de examen y las condiciones bajo las cuales una prueba tiene valor técnico. La certificación y el rigor del proceso son los factores determinantes.
Que la tercerización a una empresa privada no esté expresamente prohibida no equivale a que sea la práctica recomendada en cualquier contexto. En situaciones de alta sensibilidad, las mejores prácticas internacionales han mostrado con claridad el camino que se sigue.
El patrón en contextos de alta sensibilidad
Las agencias de inteligencia y seguridad con mayor experiencia en el uso del polígrafo, entre ellas la CIA, la NSA, el FBI y la DIA, mantienen cuerpos propios de examinadores formados en programas federales centralizados antes de operar dentro de la institución. La razón tiene que ver con la naturaleza misma de lo que se evalúa.
Cuando las pruebas involucran integridad de personal en funciones críticas, mandos policiales, unidades antinarcóticos, estructuras de contrainteligencia, la cadena de custodia de los resultados, la confidencialidad del proceso y la cadena de mando sobre el examinador tienen que estar dentro de la institución. Un examinador externo no responde a esa cadena de mando. Sus protocolos internos, su experiencia específica en entornos policiales y su manejo de información sensible sobre crimen organizado no son verificables de la misma forma que los de un funcionario integrado al sistema.
La tercerización a privados existe, pero en el escalón de menor sensibilidad: tamizaje de aspirantes al ingreso, no evaluación de integridad de personal ya en funciones críticas con acceso a información clasificada.
El vacío que nadie llenó
Costa Rica aprobó mediante ley el uso del polígrafo en sus fuerzas policiales. Lo que no hizo fue construir la capacidad para aplicarlo. La Ley 9958 contempló la creación de esa capacidad interna, pero en la práctica no se desarrolló.
La situación que resulta de ese vacío merece atención. La DIS supervisa pruebas que no aplica ella misma. Eso plantea preguntas concretas sobre la cadena de mando técnica: ¿quién valida el protocolo utilizado? ¿Quién responde por la cadena de custodia de los resultados? ¿Bajo qué criterios se evalúa la competencia del examinador externo? Cuando la institución que debería controlar el proceso no tiene la capacidad para ejecutarlo, no podemos hablar de una mecanismo real de control de calidad e integridad.
La cooperación internacional que no se aprovechó
Costa Rica es miembro activo de organizaciones de cooperación policial internacional con experiencia documentada en el desarrollo de capacidades técnicas en países de la región. La formación de poligrafistas certificados, la definición de protocolos institucionales y la adquisición de equipos son exactamente el tipo de asistencia técnica que estos marcos pueden proveer y han provisto en otros contextos. La capacidad pudo haberse construido con respaldo institucional ya disponible, sin necesidad de recurrir al mercado privado.
Que eso no ocurriera tiene consecuencias visibles, cuando la capacidad institucional no se desarrolla por las vías que existen, el vacío lo llena lo que esté disponible. En este caso, una empresa privada cuya experiencia específica en entornos policiales y en la dinámica del crimen organizado no es de conocimiento público.
Lo que el proceso dice sobre la medida
Un instrumento de integridad institucional que genera dudas sobre su propio proceso tiene un problema que los resultados no resuelven. Si los altos mandos que no superaron las pruebas tienen razones para cuestionar el procedimiento, esas razones no desaparecen por el resultado. Y si el proceso no es auditable de forma independiente, la medida pierde el efecto que justificó su anuncio, el de generar confianza institucional.
Costa Rica no necesita decidir si usar el polígrafo. Ya tomó esa decisión. Lo que sigue pendiente es construir la capacidad para usarlo bien, con examinadores propios certificados, protocolos claros, cadena de mando definida y mecanismos de supervisión que no dependan de delegar en quien no conoce el entorno.
Esa capacidad todavía puede construirse. Pero mientras no exista, cada aplicación del instrumento va a generar las mismas preguntas que generó esta.