El crimen organizado no necesita comprar una institución completa. Le basta con comprar acceso a los puntos correctos. En las últimas semanas, Costa Rica ha visto avanzar varias líneas de investigación sobre presuntos vínculos entre miembros de cuerpos policiales y estructuras de crimen organizado. Un informe de inteligencia identificó a más de un centenar de oficiales bajo sospecha. Un operativo distinto reveló la presunta colaboración de nueve funcionarios con una red dedicada al tráfico de cocaína desde el Caribe. El Ministerio de Seguridad Pública reporta decenas de procesos disciplinarios activos. Estas revelaciones generan indignación legítima. También generan una lectura equivocada si se interpretan como una falla exclusiva de una institución o de un período de gobierno particular.
La corrupción policial vinculada al crimen organizado es un fenómeno estructural que enfrentan las fuerzas del orden en prácticamente todo el mundo, incluidas algunas de las policías mejor entrenadas y financiadas del planeta. El crimen organizado no discrimina jurisdicciones: busca comprar acceso, información y protección en cada punto de la cadena donde eso sea posible, todos los días, en todas las unidades, especiales y regulares.
Tres ejemplos que confirman el patrón
En Colombia, el coronel Danilo González Gil fue una de las figuras policiales más destacadas de su generación. Oficial de inteligencia, tuvo un papel relevante en la persecución de algunos de los principales capos del narcotráfico colombiano, incluido Pablo Escobar. Su trayectoria, sin embargo, terminó marcada por vínculos con organizaciones del narcotráfico y fue asesinado en 2004 en medio de una disputa relacionada con ese mundo criminal. Su historia es una advertencia particularmente incómoda: una trayectoria distinguida, experiencia operativa y reconocimiento institucional no garantizan inmunidad frente a la capacidad de cooptación del crimen organizado.
En Europa, el puerto de Amberes, en Bélgica, se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de cocaína al continente. La magnitud del problema ha llevado incluso a jueces de instrucción de la ciudad a advertir públicamente sobre el riesgo de que el país se convierta en un narcoestado, mientras distintas investigaciones han revelado intentos de corrupción y cooptación que alcanzan a trabajadores portuarios, funcionarios de aduanas, policías y personas vinculadas al sistema de justicia. La lección para cualquier país es clara, ni siquiera instituciones sólidas están completamente protegidas cuando existe un punto logístico de enorme valor estratégico que el crimen organizado necesita controlar.
El caso más elocuente, sin embargo, es el de México. Genaro García Luna llegó a ocupar una posición central en la estrategia institucional mexicana contra el narcotráfico: dirigió la Agencia Federal de Investigación y posteriormente fue secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, con responsabilidad sobre la Policía Federal. En 2023, un jurado federal en Nueva York lo declaró culpable y, en 2024, fue sentenciado a más de 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y por recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar sus operaciones y compartir información sensible de inteligencia. El funcionario que estuvo en el centro de la estrategia institucional contra el narcotráfico terminó siendo, según la sentencia de la justicia estadounidense, uno de sus principales facilitadores.
El caso García Luna demuestra algo que toda organización policial debería tener presente, cuando la cooptación alcanza la cúspide de la cadena de mando, los mecanismos de control que dependen exclusivamente de esa misma jerarquía pueden dejar de funcionar.
El problema no se resuelve en un solo punto de la cadena
La tentación institucional, cuando estalla un escándalo, es concentrar la respuesta en la sanción. Es una reacción comprensible, pero incompleta. La corrupción policial se enfrenta en tres momentos distintos del ciclo de carrera de un oficial, y una estrategia seria requiere trabajar los tres de forma simultánea. El primero es la prevención en el ingreso: mecanismos de reclutamiento y selección rigurosos, con pruebas de confianza y verificación de antecedentes que permitan filtrar riesgos antes de que una persona porte un uniforme, un arma y las facultades que le otorga el Estado.
El segundo momento es el control durante la carrera policial. Por más sólido que sea el proceso de selección, la naturaleza humana y la presión constante que ejerce el crimen organizado sobre quien porta un arma y una placa garantizan que, con el tiempo, aparecerán casos de corrupción dentro de cualquier institución policial del mundo. El caso García Luna añade una advertencia adicional: cuando la cooptación alcanza posiciones superiores de la cadena de mando, los mecanismos de control que dependen exclusivamente de esa misma jerarquía dejan de ser suficientes. Por eso, la capacidad de detección efectiva requiere inteligencia interna permanente, líneas de reporte independientes del mando operativo y, cuando sea necesario, cooperación técnica externa.
El tercer momento es la investigación y la sanción: sistemas ágiles, técnicamente competentes y respetuosos del debido proceso, capaces de convertir una sospecha en una causa sólida sin que el trámite se extienda por años ni se diluya en la burocracia disciplinaria. No se trata solamente de castigar al corrupto. Se trata de construir una institución capaz de encontrarlo.
Una experiencia concreta de este trabajo
Durante mi gestión al frente de la Fuerza Pública de Costa Rica, la magnitud del fenómeno de infiltración llevó a construir, junto con la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), los cimientos de un grupo de asuntos internos orientado específicamente a enfrentar el crimen organizado dentro de la institución.
El proceso contó con la asesoría técnica de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos y de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, una institución con amplia experiencia acumulada en la región en el combate a la infiltración criminal dentro de sus propias filas. El objetivo no era esperar a que una investigación externa o una denuncia pública revelara una infiltración. Era comenzar a construir capacidad propia para identificar señales de riesgo, investigar posibles vínculos y actuar antes de que casos individuales pudieran convertirse en redes de protección institucional. Esa base institucional no elimina el problema. Ninguna estructura de control lo elimina de forma definitiva. Pero establece una diferencia fundamental entre una institución que reacciona únicamente cuando la prensa publica un caso y una que cuenta con capacidad permanente de detección propia.
La raíz estructural: profesionalización y condiciones del oficial
Ningún sistema de control interno compensa, a largo plazo, una fuerza policial mal pagada, con carencias serias de equipo, movilidad e infraestructura, y sin liderazgo firme en la cadena de mando. Estas condiciones no explican ni justifican la corrupción individual, pero sí determinan el nivel de exposición estructural de una institución frente a la capacidad de compra del crimen organizado. La profesionalización policial, con salarios competitivos, carrera técnica, equipamiento adecuado y liderazgo con autoridad real sobre sus mandos medios, es tan parte de la estrategia anticorrupción como cualquier unidad de asuntos internos.Porque una institución vulnerable en sus condiciones de trabajo también puede ser vulnerable en sus puntos de control.
Una variable de riesgo país
Para el sector empresarial e inversionista, esta lectura tiene una implicación directa. La solidez de las instituciones de seguridad de un país no se mide por la ausencia de casos de corrupción. Ningún país puede garantizar eso. Se mide por la existencia de mecanismos de detección, investigación, sanción y profesionalización que funcionen de manera sostenida, incluso cuando la amenaza alcanza posiciones de poder. Es una variable de riesgo país que rara vez aparece en los análisis convencionales, pero que incide directamente en la estabilidad del entorno operativo.
La verdadera pregunta
La lección de estos tres casos no es que la corrupción sea inevitable. Es que la vigilancia nunca puede darse por completada. Costa Rica no enfrenta un problema exclusivo ni una falla aislada. Enfrenta la misma prueba que ya viví desde adentro y que toda fuerza del orden termina enfrentando tarde o temprano. El crimen organizado siempre buscará la oportunidad. La pregunta, entonces, no es si volverá a intentarse una infiltración. La verdadera pregunta es si nuestras instituciones estarán preparadas para detectarla antes de que se convierta en una amenaza estructural.
Fuentes de Referencia
Policía Federal de Bélgica , información sobre tráfico de cocaína a través del puerto de Amberes.
U.S. Department of Justice , caso Genaro García Luna.
Fuentes periodísticas y judiciales consultadas para el caso Danilo González.