Durante décadas, cada vez que se planteó la necesidad de reducir la fragmentación del sistema policial costarricense, apareció el mismo argumento para bloquearlo: no se puede concentrar el poder en una sola fuerza.
El argumento tiene una base legítima. Costa Rica construyó su estabilidad democrática, entre otras cosas, sobre la decisión de no tener ejército y de distribuir el poder coercitivo del Estado entre múltiples instituciones. Esa tradición merece respeto.
Pero hay una diferencia fundamental entre proteger ese principio y utilizarlo como escudo para evitar cualquier reforma. Y esa diferencia le ha costado al país caro.
Mientras el debate se trabó en un falso dilema — reformar equivale a concentrar poder — el crimen organizado resolvió el problema desde su lado. No necesitó esperar a que Costa Rica se decidiera. Simplemente aprovechó los vacíos que la fragmentación dejó abiertos: la desconexión entre cuerpos, la falta de coordinación operativa, los sistemas disciplinarios débiles, la ausencia de una doctrina común. Pasó de ser un fenómeno periférico a consolidar más de 340 grupos activos en el territorio nacional en menos de una década. La fragmentación policial no protegió la democracia. Le dio ventaja al crimen organizado.
Lo que la fragmentación produce en la práctica
Costa Rica opera hoy con más de diez cuerpos policiales formales, distribuidos entre siete instituciones distintas: el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Migración, los gobiernos locales y el Poder Judicial.
Cada uno con su propia cadena de mando, su propia doctrina operativa, sus propios criterios de ingreso, formación y régimen disciplinario. Sin un diseño sistémico común. Sin una doctrina de Estado que los articule. Los intentos para unificar estos criterios desde la Academia Nacional de Policía, han sido insuficientes.
En el contexto latinoamericano, esto es una anomalía. La mayoría de los Estados unitarios de la región — Chile, Perú, Uruguay, Panamá — operan con uno o dos cuerpos integrados bajo un mismo ministerio, con funciones claramente definidas y líneas de coordinación establecidas. Costa Rica es, en términos comparados, el caso de mayor fragmentación policial entre los países unitarios de América Latina.
El costo más crítico de esa fragmentación es la desconexión entre prevención del delito e investigación criminal. En los modelos policiales modernos — España, Francia, Estados Unidos — ambas funciones son inseparables: la información de campo fortalece la investigación, y los resultados investigativos orientan la prevención. En Costa Rica, esa integración no existe. La capacidad investigativa del Ejecutivo está dispersa y debilitada. Los vacíos resultantes son exactamente los que el crimen organizado ha sabido explotar con mayor eficacia.
Reformar no es concentrar. Es ordenar.
Una reforma estructural del sistema policial costarricense no requiere — ni debe — crear una fuerza única centralizada. Ese no es el modelo que propone ningún análisis serio del tema, y no es el camino.
Lo que requiere es algo distinto y perfectamente compatible con la tradición democrática del país: reducir la fragmentación sin eliminar la pluralidad, clarificar funciones sin concentrar el mando operativo, y establecer coordinación real sin fusionar instituciones que tienen roles diferenciados y legítimos.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública — ya previsto en la ley vigente — puede y debe convertirse en el espacio de dirección estratégica del Estado contra el crimen organizado, integrando a las instituciones clave sin centralizar su operación. La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional necesita un marco legal claro que defina su rol como órgano de inteligencia estratégica, separado de las funciones policiales operativas. La investigación criminal del Ejecutivo debe fortalecerse y coordinarse sin afectar el rol del OIJ ni la dirección funcional del Ministerio Público.
Ninguno de esos cambios concentra poder. Todos ellos ordenan un sistema que hoy opera sin diseño.
Las otras reformas que no pueden esperar
Junto a la reorganización del sistema, hay tres dimensiones que una reforma seria no puede eludir.
El sistema de recursos humanos policiales requiere un rediseño profundo: carrera meritocrática, formación con reconocimiento académico formal, rutas de ascenso vinculadas a competencias y un régimen de pensiones diferenciado que reconozca la naturaleza del servicio. Una policía fragmentada con personal mal formado y sin perspectiva de carrera es una policía vulnerable a la infiltración criminal.
El régimen disciplinario vigente presenta debilidades estructurales que facilitan la impunidad interna. Procesos lentos, nulidades frecuentes y ausencia de un órgano especializado han permitido que funcionarios comprometidos permanezcan en sus cargos. El crimen organizado no solo opera desde afuera — también busca operar desde adentro.
La reserva policial existe en la ley, pero sin estructura real, sin entrenamiento continuo y sin mecanismos de activación claros. En un contexto de presión operativa creciente, contar con una capacidad suplementaria entrenada y regulada no es un lujo — es parte de la resiliencia institucional.
El costo de no decidir
Costa Rica tiene hoy una tasa de 16,7 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, una tasa de violencia históricamente alta y un crimen organizado con arraigo territorial en expansión. Ese es el resultado acumulado de décadas de un sistema que no se reformó porque reformarlo se confundió con debilitarlo.
El país tiene la capacidad técnica y jurídica para hacer esta reforma. Tiene una tradición institucional que puede sostenerla. Lo que ha faltado es la decisión de separar el principio legítimo — no concentrar el poder coercitivo — del argumento que durante años lo distorsionó para bloquear cualquier cambio.
Reformar el sistema policial costarricense no es una amenaza para la democracia. Es una condición para que la democracia pueda defenderse.
Al fin un análisis que vale la pena leer y valorar, el sistema de seguridad totalmente desencentralizado que tiene Costa Rica, permite que el crimen organizado domine los reclutamientos internos de forma ramificada en los diferentes cuerpos policiales. Centralizar los cuerpos y diseñar líneas de acciones mas directas unificando la operatividad y control, no solo agiliza los procesos sino reduce el gasto de presupuesto, lo que permite una mejor inversión en seguridad para el país.
Excelente exposición de una problemática que nos afecta a todos y que nos hace sentir miedo todos los días e incertidumbre de lo que viene a futuro por falta de la voluntad política de hacer estos cambios que aquí han sido expuestos con mucha claridad, No es mas que ordenar lo que se tiene